Líderes de la Región asumen compromiso histórico a través la Declaración de Santo Domingo para impulsar justicia abierta  

En el marco de la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, líderes del sector judicial de 21 países de América Latina y el Caribe; así como representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, firmaron este jueves la Declaración de Santo Domingo, un compromiso histórico para impulsar el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en el sector justicia de la región.  
 
A través de la Declaración de Santo Domingo los líderes firmantes se comprometieron a promover la adopción de políticas, estrategias y programas de justicia abierta en las instituciones del sector justicia a nivel nacional, subnacional y comunitario, con metas, indicadores y presupuestos claros, elaborados de manera participativa e inclusiva, y mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los sistemas judiciales para diseñar, gestionar, e implementar políticas de justicia abierta. 
 
Entre otros puntos, en la Declaración se comprometen a Promover y priorizar la adopción de marcos normativos y políticas públicas que faciliten y contribuyan a la implementación de iniciativas y reformas de justicia abierta con sus correspondientes asignaciones presupuestarias. 
 
También procurar recursos humanos, financieros y técnicos —internos y de cooperación internacional— para proyectos innovadores en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en el sector justicia. 
 
Entre otros aspectos de la Declaración se destacan, aprovechar y desarrollar capacidades y conocimiento en las organizaciones de la sociedad civil y la academia para la promoción y co-creación de iniciativas, políticas y proyectos de justicia abierta. 
 
Asimismo, alentar la medición y difusión del progreso de las políticas de justicia abierta mediante indicadores comparables y evaluaciones independientes abiertas al escrutinio público, e informes periódicos en formatos abiertos. 

 
Además, profundizar la generación de conocimiento técnico, su sistematización y difusión para respaldar y facilitar la implementación de reformas de justicia abierta basadas en evidencia e impulsar y fortalecer la participación de instituciones judiciales y organizaciones de la sociedad civil en los espacios de co-creación nacionales y subnacionales de justicia abierta en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, con procesos inclusivos y verificables.  

 
Finalmente, los compromisos asumidos incluyen alentar la inclusión de la perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad incorporando en los programas de justicia abierta enfoques diferenciales que atiendan las necesidades de mujeres, población LGBTIQ+, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad, víctimas, adultos mayores, juventudes, migrantes y otros grupos históricamente marginados.  
 
“Invitamos a instituciones del sistema de justicia, organizaciones de la sociedad civil, academia, gobiernos, organismos internacionales, instancias de integración y cooperación judicial regional, donantes, empresas de tecnología y medios de comunicación a respaldar, impulsar y asumir compromisos concretos y sumarse a esta agenda, convencidos de que una justicia abierta, independiente, íntegra, eficaz e inclusiva, centrada en las personas, es condición esencial para el fortalecimiento de las democracias y el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe ”, indica el documento suscrito por representantes de 21 países. 

 
Para dar seguimiento a los acuerdos se constituyó un Comité Regional de Justicia Abierta (CRJA) integrado de manera paritaria por poderes judiciales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, con el respaldo y acompañamiento de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA). 
 
La Declaración de Santo Domingo descansa en los principios rectores de participación ciudadana, transparencia y acceso a la información; rendición de cuentas participativa y colaboración e innovación centrada en las personas.
 
La Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta se constituyó en un espacio clave para el diálogo, la construcción de consensos y la definición de una agenda común hacia una justicia más accesible, transparente e inclusiva.

Se realizó los días 27 al 28 de agosto y tuvo a República Dominicana como país anfitrión.  
 
Países participantes  

En la conferencia participaron 21 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, República Dominicana y Venezuela.