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La Vega, República Dominicana.- Un grupo de herederos depositó formalmente una denuncia ante el Ministerio Público, solicitando la apertura de una investigación y la activación de los mecanismos disciplinarios correspondientes, a la procuradora adjunta de La Vega, Vianela Antonia García Muñoz.
Los denunciantes alegan conflicto de intereses y uso indebido de su investidura en un proceso sucesoral en el que figura como heredera y que se conoce dentro de su misma demarcación judicial.
Kirsis Mercedes García Morel, Ramón Antonio García Morel y Kilma Altagracia De León, actuando en calidad de coherederos y continuadores jurídicos del fenecido Ramón Antonio García Jiménez, sostienen que la situación descrita compromete principios esenciales como la imparcialidad, la objetividad y la transparencia, pilares fundamentales del sistema de justicia.
Alegan irregularidades en la administración de bienes
Según la documentación depositada ante las autoridades, los reclamantes señalan actos de administración, venta y disposición de bienes pertenecientes a la masa hereditaria —incluyendo inmuebles, certificados financieros y otros activos— que habrían sido realizados sin el consentimiento de todos los herederos y mientras existían procesos judiciales abiertos, incluyendo decisiones que ordenan la partición del patrimonio.
En ese mismo contexto, los demandantes alegan la existencia de presunto ocultamiento y simulación de bienes, sosteniendo que parte del patrimonio sucesoral habría sido excluido, subvaluado o transferido mediante mecanismos que aparentan legalidad, con el objetivo de alterar la composición real de la masa hereditaria y afectar los derechos de los coherederos.
De acuerdo con su planteamiento, la documentación aportada incluiría actos de disposición, registros, ventas y movimientos patrimoniales que —según afirman— no reflejarían la totalidad ni el valor real de los bienes hereditarios, situación que solicitan sea investigada de manera exhaustiva por las autoridades competentes.
Los demandantes sostienen que estas actuaciones deben ser evaluadas con mayor rigor, debido a que se producen en un contexto donde una de las partes involucradas ostenta una alta investidura dentro del Ministerio Público y ejerce funciones en la misma jurisdicción donde se ventilan los procesos vinculados al caso.
Solicitan investigación e inhibición
En su denuncia, los herederos solicitan formalmente:
• La apertura de una investigación administrativa y disciplinaria.
• La inhibición de la funcionaria de cualquier actuación directa o indirecta relacionada con el proceso.
• La designación de una instancia investigadora independiente, que garantice el debido proceso y la igualdad ante la ley.
Confianza en las instituciones
Los demandantes expresaron que confían plenamente en el Ministerio Público y en los mecanismos institucionales de control, al tiempo que manifestaron su convicción de que no se permitirá ningún abuso de poder ni el uso de una posición pública para favorecer intereses particulares.
Indicaron que su acción no busca desacreditar a la institución, sino fortalecerla, promoviendo la transparencia, la ética y el respeto al debido proceso.
Presunción de inocencia
Los reclamantes reiteraron que su denuncia no prejuzga culpabilidad, sino que procura que los hechos denunciados sean debidamente investigados por los órganos competentes, conforme a la Constitución y las leyes vigentes, reafirmando el principio de presunción de inocencia.
Afirmaron que permanecerán atentos al curso de la investigación y reiteraron su disposición de colaborar con las autoridades, aportando toda la documentación necesaria para el esclarecimiento del caso.
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